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2017-10-11
REFERÉNDUM, REFORMAS Y CORRUPCIÓN: ¿DÓNDE ESTA LA PLATA?


Desde hace años los ecuatorianos nos venimos preguntando ¿dónde esta la plata?, y tristemente seguimos sin respuestas. En todo el país se oyen voces que exigen un referéndum y buscan se sancionen adecuadamente los actos de corrupción que inundan de malas noticas los periódicos nacionales. No existe discusión respecto a la necesidad de encontrar mecanismos eficaces para combatir la corrupción; sin embargo, dejando de lado los temas políticos, es necesario preguntarnos ¿qué reformas legales podrían hacer una diferencia en el país de las leyes desbocadas?

La respuesta es compleja, pero al menos está claro que si el crimen en Ecuador paga, y paga en sumas multimillonarias, existe un incentivo económico muy alto para cometer actos de corrupción y unos cuantos años de cárcel parecen no disuadir a nadie. Y es que desde un punto de vista meramente financiero, resulta muy rentable pasar un par de años en prisión, en -el peor de los casos- a cambio de una vida llena de lujos con dinero “fácil”. Entonces, resulta evidente que el tema de recuperación de activos fruto de la corrupción debería encabezar la lista de reformas en el referéndum.

¿Qué es la recuperación de activos?

La recuperación de activos es un proceso complejo que implica la identificación, el rastreo, la inmovilización, la confiscación, el decomiso y la restitución de bienes obtenidos o derivados de la comisión de actos de corrupción, y de los bienes utilizados en dicha comisión o del producto de dichos bienes[1].

El resultado final de la recuperación de activos es la restitución al estado de bienes fruto de la corrupción. Esta misión imposible, no ha sido tan imposible para otros países, Perú logró la repatriación de sumas importantes de dinero malversadas por el ex Presidente Fujimori y sus colaboradores; asimismo, Filipinas rescató fondos transferidos por el matrimonio Marcos.

¿Cuáles son las propuestas de reforma que buscan combatir la corrupción?

Actualmente, se están discutiendo algunas propuestas de reformas constitucionales y legales para combatir la corrupción, entre ellas se encuentran las siguientes[2]:

  • Reformar el artículo 233 de la Constitución[3], el artículo 96 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador Código de la Democracia[4], el artículo 10 de la Ley Orgánica de Servicio Público[5] y el artículo 60 del Código Orgánico Integral Penal[6], para limitar la candidatura, la contratación con el Estado, el desempeño en cargos públicos y ejercicio de derechos de participación a personas condenadas por delitos relacionados con actos de corrupción.

  • Reformar, el artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal para privar de derechos de participación a personas condenadas por delitos relacionados con actos de corrupción por un lapso de 10 a 25 años[7]

  • Reformar los artículos 280, 285 y 289 del Código Orgánico Integral Penal para sancionar a personas jurídicas con la extinción y una multa de 500 a 1000 salarios básicos unificados[8].

  • Reformar el artículo 77 del Código Orgánico Integral Penal para establecer la reparación integral del Estado y la sociedad por delitos relacionados con actos de corrupción, las personas condenadas responderán con sus bienes hasta el monto de esta reparación. Esta última propuesta de reforma es quizá la única relacionada con la recuperación de activos[9].

¿Qué reformas legales se podrían incluir en el tema de recuperación de activos?

De la experiencia en el Derecho Comparado, algunas figuras jurídicas han sido útiles y exitosas para combatir la corrupción desde la perspectiva de la recuperación de activos. Entre las que podemos destacar, se encuentran las siguientes:

En primer lugar, se podría incluir la figura del comiso ampliado, para casos de corrupción. El comiso ampliado fue desarrollado por la Unión Europea y varios países lo adoptaron, como es el caso de España, para actividades delictivas dentro de un grupo criminal organizado o delitos de terrorismo, pero fácilmente se podría aplicar a casos de corrupción[10].

El comiso ampliado se refiere a ampliar el efecto del comiso, figura que existe en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para incluir efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas, en este caso la corrupción, que en base a hechos concretos, un juez competente puede determinar que tienen un valor desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por una determinada persona. Así, se facilitaría la persecución de un enriquecimiento no justificado.

Por otro lado, algunos delitos ya tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, como el enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y testaferrismo, para casos de corrupción, servirían para disuadir estos actos, si se implementan reformas que endurezcan las penas. De tal manera que, los años de prisión no compensen las ganancias de cometer actos de corrupción. Si bien esta reforma podría ser útil, no desconocemos que es aún más importante que no exista impunidad y que se investiguen y persigan estos delitos más allá de las penas, un control efectivo podría generar mejores resultados.

Además de lo antes mencionado, una reforma relacionada a la “prueba” podría ser muy efectiva. Por ejemplo, en muchos sistemas jurídicos se exige que sea el imputado quien pruebe la licitud de los ingresos no justificados. Quienes defienden esa posición, se basan en que se tratan de ingresos ocultos; por lo tanto, la prueba recae sobre quienes afirman su licitud[11]. De igual manera en algunos países como Italia, la carga de la prueba para exonerar a personas jurídicas de actos ilícitos cometidos por altos funcionarios de las mismas, recae sobre dicha entidad, pues la persona jurídica es la principal conocedora de sus programas de compliance y está en una mejor posición para practicar pruebas de descargo.

Estas alteraciones probatorias en temas penales no han estado exentas de críticas, especialmente relacionadas al principio de inocencia y otros derechos constitucionales. Sin embargo, se ha considerado que estas figuras no implican propiamente una alteración a la carga de la prueba, ya que a la Fiscalía le corresponde todavía probar la existencia de la infracción penal.

Finalmente, se podría incorporar reformas que promuevan la cooperación internacional para la recuperación de activos. Ecuador ya es signatario de algunas convenciones al respecto, pero se requiere implementar medidas puntuales. Probablemente, a través de acuerdo de cooperación bilaterales que promuevan la lucha contra la corrupción. Entre las medidas que pueden ser adoptadas en los mencionados acuerdos están: (i) definir una instancia de solución de conflictos, encargada de resolver solicitudes de otros países respecto a la repatriación de activos; (ii) fijar los mecanismos obligatorios de intercambio de información; y, (iii) fijar procedimientos para el comiso de bienes.

Las reformas antes sugeridas plantean la necesidad de, al menos, afrontar el tema de la recuperación de activos. Sin embargo, estamos consientes -como ya fue anticipado- que para que estos programas de recuperación sean exitosos, las reformas legales no son esenciales. Principalmente, se necesita destinar fondos a este fin, que resulta muy costoso, pero a la larga ahorrará mucho dinero al país, y crear instituciones capacitadas con funciones exclusivas para hacerlo, pero sobre todo se necesita voluntad política.



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