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2016-05-16
HOT TOPICS DE REGULACIÓN Y COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA DE SEGUROS


La industria de seguros es indispensable para la economía. Sin ella, varias otras industrias, como la aeronáutica, inmobiliaria, naviera, etc., no podrían existir. Justamente por su relevancia para la economía, la industria de seguros ha sido tradicionalmente observada de cerca por las autoridades de competencia. A continuación resumimos los principales puntos de tensión que se observan en este mercado.

 

Mercado altamente regulado

 

La industria es altamente regulada a nivel mundial, especialmente en cuanto a los índices de solvencia. En Europa, por ejemplo, los nuevos índices de solvencia entraron en vigencia en enero de este año, como resultado de la denominada Directiva Solvencia II[1].

 

En Ecuador sucede algo similar. Las compañías aseguradoras debían acoplarse hasta marzo de este año a los nuevos capitales mínimos previstos en el Código Monetario y Financiero. Este plazo fue recientemente prorrogado por 18 meses más.

 

La tendencia global a fortalecer la solvencia de las aseguradoras generará nuevas fusiones y adquisiciones. A nivel internacional se ha observado, por ejemplo, las concentraciones entre Friends Life y Aviva, UnipolSai y Allianz, Almin y Mitsui Sumitomo, entre otras. En Ecuador, la compra de Panamericana y Cervantes por parte de Liberty, y la venta de cartera de vehículos de Seguros Oriente a QBE, han marcado la tendencia de consolidación en los últimos años.

 

Mercado parcialmente exento del régimen de competencia

 

Pese a su relevancia, la industria de seguros ha gozado de ciertas exenciones a la normativa de competencia, pues existe el consenso de que los competidores requieren de cierta colaboración entre ellos para que el mercado funcione eficientemente.

 

En Europa, por ejemplo, la industria de seguros se encuentra exenta (aunque de manera limitada) de la normativa sobre prácticas y acuerdos coordinados (artículo 101(3) del TFEU)[2]. Esta exención ha permitido que las aseguradoras lleguen a acuerdos para ciertos fines (ej. estadísticas conjuntas, análisis sectoriales sobre pérdidas, estudios de ratings, acuerdos para cobertura conjunta (pools) de ciertos riesgos, etc.)[3]. Aunque la excepción europea expira en el año 2017, no se descarta su renovación. Se debe notar, sin embargo, que esta exención no implica que las aseguradoras no se encuentren sujetas al resto de normas de competencia, como aquellas que prohíben los abusos de poder de mercado[4].

 

En EE.UU. sucede algo similar. El McCarran-Ferguson Act exime al sector de seguros de la aplicación de las normas federales de antitrust, aunque las compañías de seguros continúan sujetas a la normativa de cada Estado.

 

En Ecuador, la industria de seguros no goza de ningún tipo de exención.

 

Principales preocupaciones de competencia

 

La regulación sectorial no remedia todas las fallas que se pueden presentar en la industria de seguros. Por ello, la normativa de competencia ha sido aplicada en varios ámbitos. A continuación enumeramos algunos de ellos[5]:


  • Fijación de precios: Las autoridades de competencia temen que la comunicación constante entre empresas aseguradoras genere un ambiente propicio para fijar precios de primas o niveles de los deducibles.

 

  • Intercambio de información: Si bien, como fue mencionado, existe el consenso de que el intercambio de información en la industria de seguros (ej. sobre riesgos, estadísticas, estudios de siniestralidad, medidas de seguridad para reducir riesgos, etc.) es necesario para su funcionamiento eficiente, tal intercambio no puede versar sobre cualquier asunto. Por ejemplo, el intercambio sobre precios difícilmente sería aceptable.


  • Conflictos de interés de brókeres: Los brókeres son, por un lado, asesores de los asegurados y, por otro, un canal importante de distribución de las empresas aseguradoras. En ocasiones, esta dualidad podría generar conflictos de interés con efectos anticompetitivos (ej. respecto de los parámetros para definir sus comisiones, incentivos de las empresas para captar el canal de distribución, acuerdos para no reembolsar comisiones a clientes, etc.).

 

  • Ventas atadas: Los seguros podrían venderse junto con otros bienes o servicios. En Ecuador, la autoridad de competencia se ha enfocado particularmente en las eventuales ventas atadas en el sector de vehículos. La Superintendencia, de hecho, ha redactado un proyecto de Manual de Buenas Prácticas para este sector que impide las ventadas atadas de seguros[6].


  • Barreras de entrada: Existen distintas maneras de levantar barreras de entrada. Por ejemplo, las autoridades de competencia han evaluado si la falta de compartición de información histórica sobre los riesgos del mercado, o la existencia de plazos extensos en contratos de seguros, podrían levantar barreras y generar un efecto excluyente[7].

 

  • Discriminación: Sujeto a varias consideraciones técnicas, en principio, se podría incurrir en discriminación de precios cuando se ofrecen precios distintos frente a prestaciones similares. Por ejemplo, en el Reino Unido actualmente se analiza la posible discriminación de precios que podría existir hacia los conductores que causaron siniestros con culpa versus los que actuaron sin culpa[8].


  • Cláusulas de condiciones más favorables: Existen cláusulas, especialmente en el mercado de coseguros o coreaseguros (seguros o reaseguros conjuntos), que tienen por objeto que una determinada reaseguradora obtenga condiciones no menos favorables que las ofrecidas a otras reaseguradoras. Estas cláusulas se encuentran en la lupa de las autoridades de competencia[9].

 

Sanciones en Latinoamérica

 

La aplicación de la normativa de competencia ha generado varias sanciones en la región, entre ellas:

 

  • El Salvador: sanciones a Asesuisa Vida, AIG Vida y SISA Vida por acuerdos colusorios en licitaciones.

 

  • Costa Rica: sanción al Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica por prácticas de descuentos de fidelidad (rebates) en el mercado de seguros vehiculares y de incendio.

 

  • Perú: sanción a una asociación de seguros, 8 empresas aseguradoras y 15 personas naturales por la fijación de primas y deducibles mínimos en el ramo de seguros vehiculares.

 

Esta nota tiene fines académicos únicamente y no representa nuestra posición como firma, ni la de nuestros abogados o clientes en casos específicos. Andrade Veloz 2016 ©.

 

 


[1] Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro

de vida, el acceso a la actividad de seguro  y de reaseguro  y su  ejercicio (Solvencia II). Disponible en: https://www.boe.es/doue/2009/335/L00001-00155.pdf

[2] Reglamento de la Comisión No. 267/2010 sobre la aplicación del artículo 101(3) del Tratado para el Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32010R0267.

[3] La razón para permitir estos acuerdos radica en la dificultad de conocer las tasas de siniestralidad de un producto si las empresas no comparten sus datos. Mientras más grande es la muestra, más precisa (al menos en teoría) sería la estimación sobre los costos futuros y, por tanto, más eficiente (al menos en teoría) sería la industria en cuanto a la definición de la oferta (output) y los precios.

[4] En el caso Verband der Sachversicherer vs. Comisión [ECR 1987, 405, ¶14], el Tribunal de Justicia europeo señaló que “el régimen comunitario sobre la competencia…se aplica plenamente al sector de los seguros”. Decisión disponible en:  http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93835&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3674599.

[5] Excluimos los seguros de vida y salud en este análisis. Dada su especialidad, realizaremos un análisis puntual sobre estos ramos en una próxima entrega.

[7] Véase, por ejemplo, M-lex, “Auto-insurance sector shows inefficiencies, Romanian authority says”, 16 de diciembre de 2015.

[8]  UK Competition and Markets Authority, “Private motor insurance market investigation – Final report”, 24 de septiembre de 2014.

[9] Véase la Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones, acerca del artículo 17 del Reglamento No. 1/2003 sobre seguros de empresas (informe final), disponible en: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/ES/1-2007-556-ES-F1-1.Pdf.

 

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