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2016-05-30
LOS (SORPRESIVOS) ALCANCES DE LA LEY DE CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016.


Luego del desastre causado por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016, varias fueron las iniciativas que surgieron desde distintos sectores, todas encaminadas a ayudar a las familias de las víctimas, damnificados y, en general, habitantes de las zonas afectadas.

Una de estas iniciativas fue la del Presidente de la República, que amparándose en el estado de excepción declarado a raíz de la catástrofe, presentó un proyecto de ley, llamado de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016. El proyecto fue tramitado con el carácter de urgente económico por parte de la Asamblea Nacional, y luego de haber incluido –sin competencia para hacerlo– ciertos tributos adicionales,  fue aprobado en segundo debate. Al no haber sufrido la objeción presidencial, el mismo fue publicado en el Registro Oficial el 20 de mayo de 2016.

¿Esta ley responde, en su totalidad, a la emergencia surgida por la catástrofe natural? ¿O se aprovechó la oportunidad para ajustar ciertas reformas hechas con anterioridad? Conminamos al lector a sacar sus conclusiones al final de este artículo.

1.     Creación de nuevas contribuciones.

Tal vez el punto más crítico de esta ley es la creación de cuatro contribuciones nuevas, temporales, algunas retroactivas, y la variación de un impuesto habitual. A continuación una breve explicación de cada una:

a)    Contribución sobre la remuneración.- Todas las personas que estando bajo relación de dependencia, perciban remuneraciones iguales o superiores a US$ 1000,00 dólares de los Estados Unidos de América, están obligados a contribuir con el 3,33% de su remuneración. La contribución se deberá realizar de forma mensual, de conformidad con la siguiente tabla:

Desde

Hasta

Porcentaje

Meses de contribución

1000

2000

3,33%

1

2000

3000

3,33%

2

3000

4000

3,33%

3

4000

5000

3,33%

4

5000

7500

3,33%

5

7500

12000

3,33%

6

12000

20000

3,33%

7

20000

En adelante

3,33%

8

 

La remuneración se refiere exclusivamente al valor percibido mensualmente, sin tomar en cuenta los sueldos adicionales, fondos de reserva o demás emolumentos previstos por la ley. El agente de retención de esta contribución es el empleador, quien deberá pagar los valores directamente al SRI, sin que exista opción alguna de celebrar convenios de pago con la Administración Tributaria.

En el caso de que el agente retenido haya realizado contribuciones voluntarias en dinero, a las cuentas oficiales del Estado, estos valores pueden ser considerados como crédito tributario para efectos del cálculo de la contribución.

b)   Contribución sobre el patrimonio.- Las personas naturales que al 1 de enero de 2016 hayan poseído un patrimonio (activos – pasivos) igual o superior a US$ 1’000.000,00 de dólares, deberán contribuir con el 0,90% de su patrimonio. Esta contribución deberá pagarse en 3 cuotas mensuales, a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley (junio), directamente al SRI y siendo la fecha límite de cada cuota aquella que determine la Administración en función al noveno dígito del RUC.

Esta resulta la primera contribución retroactiva, pues se está gravando el patrimonio existente al inicio del año, que fue declarado al 31 de diciembre de 2015, cuando ese patrimonio bien pudo haber incrementado, disminuido o desaparecido en la actualidad. No existiría coherencia entre el hecho generador del tributo y la realidad actual de los contribuyentes.

c)     Contribución sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador, cuya titularidad pertenezca a personas domiciliadas en paraísos fiscales o regímenes de menor imposición.- Esta fue una de las inclusiones de la Asamblea Nacional, con respecto al proyecto original. A pesar de que el Presidente de la República goza de iniciativa legislativa privativa para crear tributos, la Asamblea incluyó este y otros tributos, llevados seguramente por la coyuntura existente respecto de paraísos fiscales.

Independientemente de aquello, la contribución se encuentra creada. El monto a gravarse es del 1,80% del avalúo total del inmueble o del valor representativo de capital, para aquellas personas que encajen en la característica antes indicada y que se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales. La misma contribución aplica, aunque en un porcentaje de 0,90%, para aquellas personas que se encuadren en la descripción antes indicada, pero que se encuentren domiciliadas en el exterior y que no sean paraísos fiscales o regímenes de menor imposición.

Esta contribución podría ser pagada, dependiendo del caso, a través de la persona jurídica residente o domiciliada en el país, sobre la cual recaigan los títulos representativos de capital.

d)  Contribución sobre las utilidades.- Para personas naturales, jurídicas o Fideicomisos Mercantiles que hayan generado utilidades en el ejercicio económico 2015, deberán pagar un valor equivalente al 3% sobre la utilidad declarada. Este es otra de las contribuciones retroactivas creadas por esta ley, pues se toma como base imponible aquella del ejercicio económico 2015, ya cerrado y a estas alturas, liquidado. Parecería que todo vale cuando se trata de obtener fondos para paliar la crisis generada por la catástrofe.

Esta contribución también debe ser pagada en 3 cuotas mensuales, en las fechas fijadas dependiendo del noveno dígito del RUC.

e)    Incremento de dos puntos porcentuales al IVA.- Habiendo ya gravado a toda persona natural o jurídica que haya generado utilidad o posea bienes altamente cotizados en el Ecuador, el proyecto de ley grava 2 puntos porcentuales adicionales al IVA, con lo cual se afecta a todos los ecuatorianos, empresas, negocios, cadenas de producción y en general, a todo el aparato productivo en el país. De nuevo, parece que cualquier medida, adoptada de cualquier forma, es válida para enfrentar la crisis.

Esta medida tiene carácter temporal, por hasta 12 meses, pudiendo levantarse antes de este plazo.

2.     Creación de incentivos y ayuda financiera

No todo es carga en esta norma tributaria. También se crean incentivos productivos para la provincia de Manabí, el cantón Muisne y las zonas afectadas que se determinen por decreto Ejecutivo. Los incentivos más importantes se enlistan a continuación:

Exoneración del Impuesto a la Renta por 5 años, para toda inversión nueva realizada en las zonas afectadas;

  • Rebajas para las Instituciones Financieras en el Anticipo del Impuesto a la Renta del año 2016, en proporción a los créditos otorgados a partir del 16 de abril de 2016 y cuyo destino sea el financiamiento para los emprendimientos o reconstrucción en las zonas afectadas. Los ingresos de estos créditos tampoco se contarán para el cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta por el año 2017. Estos ingresos también se encuentran exentos del Impuesto a la Renta por los años 2017 y 2018.
  • Se exonera del Impuesto a la Salida de Divisas a las transferencias al exterior, y pago de aranceles aduaneros, por la importación de bienes para destinarlos a procesos productivos en el Ecuador, para aquellas personas que hayan sido afectadas por la catástrofe natural.
  • Se priorizará el otorgamiento de créditos de Instituciones Financieras Públicas, a personas naturales o Instituciones Financieras Privadas, con el fin de que se invierta en la reconstrucción de las zonas afectadas y se fomenten emprendimientos.
  • Se priorizará la contratación de empresas nacionales para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. 

3.     Medidas sociales, tributarias y de crédito

Luego del terremoto, muchas plazas de trabajo se perdieron, por la depresión económica y la desaparición de espacio físico para producir. Ante esto, esta ley contempla las siguientes medidas económicas:

  • Aquellos trabajadores que hayan sido separados de sus puestos, deberán ser reintegrados a sus lugares de trabajo en el plazo de 30 días luego de que el empleador iniciare operaciones de nuevo, si así lo hiciese.
  • Para los contratos ocasionales de trabajo en el sector público, se suspende el plazo de duración máxima de dos años establecido en la Ley de Servicio Público.
  • Se establece como obligatoria la contratación de al menos el 75% de mano de obra no calificada para nuevas inversiones realizadas en las zonas afectadas por el terremoto.
  • Para los empleadores afiliados al IESS bajo cualquier modalidad, y para quienes tengan créditos en curso en el BIESS, se postergan las obligaciones de pago, plazos de vencimiento y plazos administrativos en procesos de cobro.
  • Se declara la remisión del 100% de intereses y multas para aquellos deudores a la Administración tributaria que ya hayan pagado el capital debido.
  • Se declara la remisión de las deudas que se hayan mantenido por concepto del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) por los meses de abril y mayo de 2016. Adicionalmente, se declara su exoneración hasta el mes de diciembre de 2016 y una rebaja del 50% para el año 2017.
  • Las personas afectadas que hayan pagado su impuesto a la renta en el año 2015 podrán pedir su devolución. Aquellas personas que tengan el impuesto pendiente de pago, ya no deberán pagarlo.
  • Se establece un descuento de 2 puntos porcentuales en el IVA para las personas que se encuentren domiciliadas en las zonas de desastre.
  • Se exonera del impuesto a la donación a aquellas transacciones cuyos beneficiarios sean las personas afectadas por el terremoto.
  • Los créditos obtenidos con anterioridad al 16 de abril de 2016, por personas afectadas por el terremoto, se difieren en su plazo hasta el fin del plazo fijado inicialmente, para comenzar a pagarlo. 

4.     Medidas sorpresivas

A la nueva imposición tributaria, los incentivos fiscales, económicos y sociales que trae esta ley, se suman elementos sorpresivos. Parecería que fueron insertados en respuesta a la coyuntura y las necesidades económicas del país, que se encuentran completamente fuera del espectro de la incidencia del terremoto en la costa ecuatoriana. Parecería más bien que debieron ser insertadas antes, pero antes no se lo hizo y hoy sí es una necesidad. ¿Es una necesidad?

No se cree necesario que por efectos del terremoto, se obligue a las auditoras externas a declarar bajo juramento sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias de sus auditados. Tampoco se cree necesario que por efectos del terremoto, las firmas consultoras y de abogados tengan que informar sobre la constitución de empresas off-shore o actuaciones de sus clientes.

Tampoco se cree necesario incentivar el uso de dinero electrónico, más aún si es que se faculta al Banco Central del Ecuador a no respaldar el dinero electrónico de forma orgánica.

Saquen ustedes sus conclusiones.

 

Esta nota tiene fines académicos únicamente y no representa nuestra posición como firma, ni la de nuestros abogados o clientes en casos específicos. Andrade Veloz 2016 ©.

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