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2016-09-15
¿PUEDE LA AUTORIDAD DE COMPETENCIA EMITIR NORMAS DE CARÁCTER GENERAL?


El  22 de agosto de 2016, el Presidente de la República reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (en adelante el “Reglamento”). Aunque la Reforma modificó solo 6 artículos, los cambios son sustanciales, especialmente aquellos relacionados con las competencias de la Junta de Regulación y de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado (en adelante la “Superintendencia”).

 

Las modificaciones que trajo consigo la reforma al Reglamento son:

 

  • Se elimina la posibilidad que la Superintendencia pueda imponer la venta preferencial de un porcentaje del capital a trabajadores, como una condición para autorizar una operación de concentración económica. 

 

  • Se eliminó del Art. 34 del Reglamento, referente a ayudas públicas, las palabras “exenciones o reducciones de impuestos a operadores económicos o categorías de operadores económicos”.

 

  • Se aclaró que la Junta de Regulación tiene la rectoría en la “formulación de políticas públicas y su planificación en el ámbito de la ley”, de acuerdo a las facultades otorgadas para la función ejecutiva.

 

  • Se especificó que la Junta de Regulación es la competente para “expedir los métodos de determinación de los mercados y mercados relevantes; y otros criterios para la evaluación de las prácticas tipificadas en la ley, las cuales serán vinculantes para la Superintendencia de Control de Poder de Mercado”.

 

  • Se otorgó a la Junta de Regulación la facultad para (i) “[e]stablecer la metodología para el cálculo del importe de multa y aplicación de compromisos de cese”; y, (ii) resolver las impugnaciones que se realicen a sus propios actos; es decir, se estableció una suerte de recurso de reposición.

 

  • Se ordenó a la Superintendencia que informe, de manera semestral, sobre la correcta aplicación de la normativa con carácter general emitida por la Junta de Regulación.

 

  • Se sustituye en el Art. 47 del Reglamento a la Secretaría Técnica por el Viceministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. Es importante destacar que esta Cartera de Estado mantiene las mismas facultades que tenía la Secretaría Permanente. Recordemos que la Secretaría Técnica fue suprimida mediante el Decreto Ejecutivo No. 1121 de 19 de julio de 2016.

 

  • Se aclara que la capacidad normativa de la Superintendencia estará “enmarcada exclusivamente al ámbito administrativo y control interno”. Además, esta reforma determina expresamente que estas normas no podrán “contravenir las normas de carácter general dictadas por la Junta de Regulación”.  

 

  • Dispone que la Junta de Regulación emita la “metodología para el cálculo de multas” y señala la obligación de la Superintendencia de seguir la mencionada metodología al momento de determinar los importes de las multas.

 

  • En el caso de los acuerdos de pago se incorporan las siguientes modificaciones: (i) se permite solicitar acuerdos de pago para importes de subsanación en casos de compromisos de cese; (ii) se reduce el abono inicial de pago de 60% a 40%; (iii) se amplía el plazo inicial para el pago del abono de 8 a 30 días; y, (iv) se amplía el plazo para el pago de la diferencia (60%) de 3 a 24 meses. 

 

Entre las principales novedades que trae esta reforma encontramos que se zanja la pugna de competencia que existía entre la Superintendencia y la Junta de Regulación, que data de hace algunos años. Vale destacar que estas modificaciones no limitaron o extinguieron las facultades de la Superintendencia; al contrario, consideramos que el único efecto que tienen es el de “aclarar” qué organismo es competente de acuerdo a la Ley de Competencia, norma expedida en octubre de 2011. 

 

La Superintendencia ha emitido varias normas de carácter general, pese a que su competencia se encontraba en duda. En varias oportunidades hemos advertido sobre la falta de competencia de la Superintendencia para emitir normas de carácter general, especialmente modificaciones a la Ley o mecanismos para su aplicación. 

 

Las preguntas que deja esta modificación son ahora: ¿cuál es la suerte que seguirán estas normas?, ¿serán derogadas?, en el caso de que no, ¿los administrados estarán obligados a acatarlas pese a la posible falta de competencia de la autoridad que las emitió?, ¿la Superintendencia seguirá aplicando estas normas pese a la reforma del Reglamento? 

 

Esta nota tiene fines académicos únicamente y no representa nuestra posición como firma, ni la de nuestros abogados o clientes en casos específicos. El contenido de esta nota no puede ser interpretado como una posición de la firma o sus abogados a favor o en contra de ningún hecho o argumento de derecho. Andrade Veloz 2016 ©.

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