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2016-11-25
EL ACUERDO COMERCIAL CON LA UNIÓN EUROPEA DEBERÁ PASAR POR CONTROL CONSTITUCIONAL Y POR APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL


Siguiendo con las normas constitucionales para Tratados Internacional, la Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional el “Protocolo de adhesión del Ecuador al Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea – Colombia y Perú” (en adelante el “Acuerdo Comercial”), para que se emita un informe sobre si se necesita o no la aprobación legislativa, previo a la ratificación por parte del Ejecutivo. El 22 de diciembre de 2016 se publicó en el Registro Oficial el mencionado Informe, mismo que trae las siguientes consideraciones:

 

De acuerdo con el artículo 419 de la Constitución de la República, se requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, entre otros, en los siguientes casos:

 

 […]

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley.

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio.

[…]

 

En atención a este precepto constitucional, la Corte hace un análisis del texto del acuerdo originario y llega a las siguientes conclusiones:

 

Con relación a lo que busca el Acuerdo Comercial, el Acuerdo Comercial:

 

[…] procura la expansión del comercio mundial, el desarrollo sostenible y progreso económico, a la vez que estimula la inversión y competitividad, como señalan sus considerandos.”[i].

 

De la misma manera, la Corte determina que el principal objetivo del Acuerdo Comercial es:

 

[…] regular las relaciones comerciales y económicas entre la Unión Europea y los Estados de Colombia, Perú y Ecuador, en su calidad de países miembros de la Comunidad Andina”[ii].

 

Además, la Corte advierte que el Acuerdo Comercial:

 

[…] establece regulaciones en materia aduanera, concretamente respecto a la eliminación de aranceles, fijación de salvaguardias y restricciones para la importación y exportación[iii]. 

 

Finalmente, se determina que el Acuerdo Comercial trata sobre algunas materias que son derechos constitucionales como: (i) biodiversidad y medio ambiente; (ii) derechos de los trabajadores; y, (iii) propiedad intelectual y conocimientos tradicionales de comunidades indígenas[iv].

 

Con base a estas consideraciones, el Informe determina que el Acuerdo Comercial requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, previa la ratificación por parte del Presidente de la República, ya que la materia del Acuerdo Comercial incurre en los numerales 3,4 y 6 del artículo 419 de la Constitución. 

 

Esta conclusión no solo obliga a que el Acuerdo Comercial sea conocido por el Legislativo, sino que, previo a esto, se siga con un proceso de Control Constitucional del Tratado Internacional por parte del Pleno de la Corte Constitucional[v]. Así, el proceso para realizar este Control será:

 

a)    Cualquier ciudadano podrá intervenir defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional, durante un término de 10 días a partir de la publicación. Es decir, se podrá presentar las estas intervenciones hasta el martes 6 de diciembre de 2016.

 

b)    Vencido este término, el Pleno de la Asamblea contará con 30 días para emitir un Informe de la Constitucionalidad o no del Acuerdo Comercial.

 

c)    Posteriormente, en el caso que el Informe sea favorable, el Acuerdo pasará para aprobación de la Asamblea Nacional.

 

Los plazos otorgados por la normativa se vienen cortos si la intención es que el Acuerdo Comercial rija a partir del 1 de Enero de 2017. La urgencia por cumplir con la normativa local pondrá a trabajar a las instancias competentes a doble turno.



[i] Informe del Caso Nº 0015-16-TI. Corte Constitucional. 22 de noviembre de 2016.

[ii] Informe del Caso Nº 0015-16-TI. Corte Constitucional. 22 de noviembre de 2016.

[iii] Informe del Caso Nº 0015-16-TI. Corte Constitucional. 22 de noviembre de 2016.

[iv] Informe del Caso Nº 0015-16-TI. Corte Constitucional. 22 de noviembre de 2016.

[v] Art. 82 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. 

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