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2017-01-17
LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN ECUADOR Y EL FUTURO DE LA MINERÍA


En febrero de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias en Ecuador. Ocho candidatos a la Presidencia han presentado propuestas con distintos matices en política, economía y sociedad. Al electorado se le ha ofertado un abanico de posibilidades, que podrían satisfacer criterios y necesidades de diverso tipo.

El gobierno saliente del Eco. Rafael Correa – quien no es candidato en estas elecciones – dedicó gran parte de sus 10 años de mandato en enrumbar la actividad minera en el país, procurando transformar la industria precaria y artesanal, en una industria seria, responsable con el medio ambiente y atractiva para la inversión extranjera. Una vez concluido su mandato y luego de la transmisión del mando, ¿cuál será la política minera que adoptará el próximo Presidente? Para quienes siguen esta industria de cerca y anhelan su desarrollo, resulta crucial conocer el criterio de los candidatos sobre el futuro de la minería en el país.

Así como se ha presentado un abanico de posturas en distintos temas, la minería ha dividido criterios entre los candidatos. Algunos sostienen que se dará continuidad a las políticas gubernamentales; otros que se admitirá la minería responsable, supeditando la actividad al cuidado del medio ambiente; otros siguen esta tendencia, pero incluyen más condicionamientos; otros, de forma directa, niegan su continuidad y le apuestan a otras actividades. Aquí presentamos un resumen de las propuestas de cada candidato[1]:

Abdalá Bucaram Pulley (Fuerza Ecuador): El desarrollo económico del país dependerá de la agricultura, por lo que vetará por completo cualquier actividad extractiva en el país. Esto significa un NO rotundo a la minería y al petróleo. Sus políticas se encaminarán, más bien, al desarrollo de la agricultura y a la protección del medio ambiente.

Iván Espinel (Fuerza Compromiso Social): Propone desarrollar la minería artesanal, a través de políticas que incentiven esta actividad. También propone políticas para erradicar los insumos contaminantes en minería, especialmente aquellos que amenacen fuentes de agua y a los pobladores de zonas cercanas a la explotación.

Guillermo Lasso (Movimiento CREO): Reconoce la importancia de la minería en la economía del país, y vaticina un incremento de la participación de esta actividad en el PIB. Garantiza la continuidad de la actividad minera apegada a la ley, pero pone condiciones: (i) es partícipe de la prohibición de explotación minera sobre los 2800 msnm; y, (ii) cree que se deben implementar altos estándares ambientales y de cuidado de fuentes naturales de agua y biodiversidad.

Paco Moncayo (Partido Izquierda Democrática): Cree en una minería con límites, entre ellos la protección de las fuentes de agua y de las poblaciones contactadas y no contactadas. Las concesiones otorgadas y con actividades en marcha serán auditadas, y se levantará información geológica sobre áreas mineras que se encuentren fuera de zonas protegidas.

Lenin Moreno (Movimiento Alianza País): Le apuesta a la continuidad en las políticas mineras del régimen saliente. Es partidario de la exploración y explotación responsable de los recursos naturales, como uno de los puntales del desarrollo económico del país. Hace énfasis en la calidad y seriedad de los inversionistas en minería.

Washington Pesántez (Unión Ecuatoriana): No tiene una política clara sobre la actividad minera como tal, aunque su plan de gobierno prevé la protección del medio ambiente y la realización de estudios técnicos que permitan evaluar el impacto sufrido por la minería. Las soluciones ambientales que deban tomarse se harán en función a los resultados que arroje dicho estudio técnico.

Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano): Cree que la minería podría ser sustituida por otras actividades que sean compatibles con el cuidado del medio ambiente. Su principal premisa es que la actividad minera estará supeditada a una estricta evaluación ambiental. Si de esta evaluación se desprende que existe daño (potencial o real) al medio ambiente, se suspenderá la actividad y se buscará el desarrollo de otras industrias. Las decisiones se tomarían sin que se afecte el crecimiento económico del país.

Patricio Zuquilanda (Partido Sociedad Patriótica): Mantendrá los permisos vigentes, siempre y cuando su actividad no se desarrolle a cielo abierto. Supeditará la actividad minera existente en el país a la evaluación hecha por las organizaciones ecologistas en el país. Las amenazas ambientales serán combatidas a través de este medio.

Con las propuestas hechas, la decisión es del electorado.

 

Esta nota tiene fines académicos únicamente y no representa nuestra posición como firma, ni la de nuestros abogados o clientes en casos específicos. El contenido de esta nota no puede ser interpretado como una posición de la firma o sus abogados a favor o en contra de ningún hecho o argumento de derecho. Andrade Veloz 2017 ©.



[1] La información contenida en este artículo hace referencia a la nota publicada por el diario El Comercio, de 11 de enero de 2017.

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