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2017-04-24
LOS 5 FACTORES RELEVANTES DEL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE PARA ACTIVIDADES EXTRACTIVAS


El 12 de abril de 2017 se publicó el Código Orgánico del Ambiente (“Código”), una norma que era  necesaria desde que en la Constitución de 1998 se reconoció el derecho de las personas de gozar en un “ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. A partir de este reconocimiento, y hasta antes de la expedición del Código, los principios, derechos, procesos y sistemas ambientales estuvieron contenidos en la Ley de Gestión Ambiental, Ley de Prevención de la Contaminación y, en mayor medida, en normativa secundaria emitida por el Ministerio del Ambiente (TULSMA). El nuevo Código entrará en vigencia el 12 de abril de 2018.

Precisamente, el Código recoge en gran parte las disposiciones secundarias emitidas por el Ministerio, ajustadas a disposiciones específicas como la responsabilidad ambiental y el régimen administrativo sancionatorio.

El Código está compuesto por 8 Libros que elevan a rango de Ley las disposiciones relativas a los principios del derecho ambiental, responsabilidad ambiental, competencias de gestión y control ambiental, conservación de especies y ecosistemas, áreas protegidas, patrimonio forestal, calidad ambiental, infracciones y sanciones, entre otros.

El análisis de todo el contenido del Código implicaría realizar un tratado de Derecho Ambiental ecuatoriano, por lo que, para efectos del presente artículo, se han seleccionado los siguientes  5 factores que consideramos más relevantes para las actividades extractivas:

1.  Se ratifican las competencias de la Autoridad Ambiental Nacional para el seguimiento y control de actividades extractivas metálicas.

El régimen ambiental en el Ecuador es descentralizado, es decir, todos los niveles de gobierno tienen competencias en materia ambiental. El gobierno central y los gobiernos provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales tienen competencias en materia ambiental en función del tipo de actividad, su ubicación y la calificación de las autoridades como Autoridades Ambientales Acreditadas[1].

Sin embargo, el Art. 166 del Código establece que las autorizaciones ambientales y el control de actividades relacionadas a sectores estratégicos serán de competencia exclusiva del gobierno central. En estas actividades se incluyen las extractivas metálicas.

2.     Se mantiene la prohibición de actividades extractivas en áreas protegidas. Existe una excepción.

Existe disposición expresa que prohíbe la realización de actividades extractivas en áreas protegidas, incluida la explotación forestal[2]. Se consideran áreas protegidas a aquellas declaradas como tales y que formen parte de los subsistemas nacional, autónomo descentralizado, comunitario y privado.

De manera excepcional, el Presidente de la República podrá solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional para realizar actividades extractivas en áreas protegidas. Esta disposición recoge lo dispuesto ya en la Constitución en 2008[3].

3.     El régimen de autorizaciones administrativas ambientales se mantiene inalterada

El sistema de obtención de autorizaciones para la realización de actividades extractivas permanece inalterado, por lo que estas deberán tramitarse de acuerdo al catálogo elaborado por la Autoridad Ambiental Nacional publicado en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), una vez que se haya elaborado y obtenido la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y de su correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

Pese a que el Código omite referirse a las autorizaciones como Fichas, Registros o Licencias Ambientales, se entiende que dicha categorización se realizará a través de normativa secundaria que se dicte para el efecto, y sobre las cuales está elaborado el Catálogo de Actividades.

Además, el control y seguimiento ambiental continuará realizándose a través de monitoreos, muestreos, inspecciones, informes de cumplimiento y auditorías ambientales. A estos se suman la vigilancia ciudadana o comunitaria, a través del mecanismo de denuncias ciudadanas por incumplimientos[4].

4.     El daño ambiental: Parámetros y responsables

El Código da la pauta para construir el concepto y parámetros de daño ambiental a través de normativa secundaria. Así lo establece el Art. 289, al facultar a la Autoridad Ambiental nacional a determinar los lineamientos y criterios para caracterizar, evaluar y valorar el daño ambiental. A nuestro criterio, uno de los parámetros esenciales para determinar la existencia de daño ambiental, es la naturaleza propia de la actividad realizada sobre la cual se imputa el daño.

La responsabilidad ambiental es objetiva, como lo establece la propia Constitución, por lo que basta con probar la existencia de nexo entre la actividad y el daño. Esta responsabilidad recae sobre el operador de la actividad económica[5], y en caso de que el operador sea una persona jurídica, existirá responsabilidad solidaria de los administradores, de la persona encargada de las operaciones y, en general, los socios, accionistas o herederos en caso de extinción de la persona jurídica o muerte de la persona natural.

La norma establece que el operador de la actividad económica es el principal responsable[6]. Sin embargo, para el caso de actividades mineras, se debe extender la responsabilidad del daño al concesionario minero por mandato expreso de la Ley de Minería[7].

5.     Reformas a la Ley de Minería

Con la entrada en vigencia del Código del Ambiente se reformarán los siguientes artículos de la Ley de Minería:

En caso de caducidad de la concesión por daño ambiental, se especifica que la indemnización incluye la reparación integral a las personas, a la comunidad y al medio ambiente afectado (Art. 109); y, 

    ii.        La calificación de daño ambiental debe realizarse en atención a las normas del Código del Ambiente, y ya no en función a lo que establece el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras[8].

Los efectos reales de este Código se evaluarán luego de su entrada en vigencia, Hasta tanto, el texto se encuentra a disposición de la ciudadanía para su estudio.



[1] Arts. 24 y ss. del Código Orgánico del Ambiente.

[2] Art. 54 del Código Orgánico del Ambiente.

[3] Art. 407 de la Constitución de la República.

[4] Arts. 125 y ss. del Código Orgánico del Ambiente.

[5] Art. 290 del Código Orgánico del Ambiente

[6] Ibídem: Atribución de responsabilidad por la generación de daños ambientales.- Para establecer la responsabilidad por daños ambientales se deberá identificar al operador de la actividad económica o de cualquier actividad en general que ocasionó los daños

[7] Art. 115 de la Ley de Minería: Caducidad por Declaración de Daño Ambiental.- El Ministerio Sectorial deberá declarar la caducidad de las concesiones mineras cuando se produzcan daños ambientales, sin perjuicio de la obligación del concesionario de reparar los daños ambientales causados

[8] Art. 126 del reglamento Ambiental de Actividades Mineras.

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