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2017-08-09
Guía para Invertir en el Sector Minero en Ecuador de Andrade Veloz Abogados


La Guía para Invertir en el Sector Minero en Ecuador (en adelante la “Guía”), es una publicación única en el país que ofrece información oportuna y actualizada de todos los ámbitos que interesan al inversionista en el sector de la minería. A través de este trabajo, Andrade Veloz busca que la información más relevante para la industria minera esté disponible para todos sus actores, y que se pueda conocer con la mayor veracidad los diferentes temas que atañen a la industria. La Guía contiene una descripción de temas importantes de la legislación nacional aplicable al sector minero en el Ecuador, abordando temas regulatorios, ambientales, tributarios, laborales, societarios,  de inversión extranjera, entre otros. 
 
En cuanto a la normativa minera, se disponen los más importantes elementos, incluyendo la propiedad de los recursos naturales, la disposición de este como sector estratégico, su división en minería metálica y no metálica, y las fases mineras. La minería en el Ecuador se puede desarrollar en fase de prospección, exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación, comercialización y cierre de mina. Las fases de mayor importancia, se indica, son las de exploración y explotación; siendo la exploración el momento en el que se puede determinar el tamaño y forma del yacimiento, así como su contenido y la calidad del material. La exploración tiene tres periodos: inicial, avanzada, y evaluación económica del yacimiento, cada uno con particularidades, requisitos y plazos de vigencia distintos. 
 
La Guía expone a detalle los procedimientos para la obtención de concesiones mineras en todo tipo de minería, analizando los tiempos y requisitos de la subasta o remate, o de la petición u oferta. También se contempla los mecanismos para el cambio de periodos y fases entre cada una de ellas, sus tiempos y requisitos. Igualmente, la Guía analiza a profundidad los contratos y actos mineros, considerando las particularidades del contrato de Prestación de Servicios, de Explotación Minera, Cesión de Derechos Mineros, Servidumbres Mineras y el de la Cesión de acciones y participaciones, entre otras.
 
Las disposiciones societarias que describe la Guía contemplan particularidades para la industria minera, y algunas que presentan oportunidades de asociatividad con el Estado. Este es el caso de las compañías de economía mixta, las cuales se caracterizan por conjugar capitales privados y públicos para su formación. Para este tipo de compañías, que se dediquen a actividades mineras, el Estado ecuatoriano deberá ser el accionista mayoritario y ostentar la presidencia del directorio. A decir de la Guía, este tipo de sociedad es relevante para la industria minera, pues las empresas mixtas están exentas del proceso de subasta y remate en la obtención de concesiones mineras, pudiendo el Estado adjudicarlas directamente. Adicionalmente se indica que estas empresas podrán estas empresas recibir exoneraciones de impuestos y contribuciones que requieran de estos beneficios para su desarrollo. 
 
Otra particularidad que resalta el texto para el ámbito societario dentro de la industria minera es que las empresas extranjeras podrán ser titulares de derechos mineros en Ecuador si cuentan con domicilio en el país. Es interesante, además, la descripción que  se realiza respecto de la transferencia de acciones o participaciones de empresas mineras, la cual está sujeta a formalidades adicionales a las comunes, como por ejemplo, estar sujeta al pago del impuesto a la renta por parte del cedente.
 
En cuanto a la normativa tributaria, la Guía realiza un especial análisis del régimen aplicable para este tipo de empresas, con consideración de que cada concesión minera debe realizar declaraciones independientes. Otra consideración especial a tener en cuenta, es la imposibilidad de compensar o consolidar pérdidas de una concesión con las ganancias obtenidas de otras concesiones o de otras actividades económicas. La Guía informa con detalle los varios beneficios aplicables a los inversionistas en minería, entre los más importantes: la depreciación acelerada para activos fijos que tengan una vida útil más corta por el desgaste de la operación minera; y, aquellos dispuestos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI). 
 
La Guía describe que el COPCI contempla la posibilidad de suscribir un contrato de inversión, el cual se recomienda suscribirlo durante el período de explotación para aprovechar sus beneficios en el pico más alto de la inversión. En este se podrá establecer cuál contempla estabilidad tributaria (que aplica para el 22% de impuesto a la renta), estabilidad de la normativa sectorial específica declarada como esencial para sectores estratégicos, y la exoneración del impuesto a la renta para la fundición y refinación de cobre o aluminio. Se explica que el COPCI contempla también la deducción del 100% del costo de depreciación anual de las inversiones durante cinco años para empresas constituidas antes de su entrada en vigencia , y para inversiones nuevas se dispone cinco años de exoneración del anticipo al impuesto a la renta. A criterio del Servicio de Rentas Internas, la obligación del pago de anticipo al impuesto a la renta a partir de la emisión de la primera factura de comercialización de minerales en la etapa de explotación. 
 
En el texto se manifiesta, además, las obligaciones tributarias particulares a la industria minera, como es el caso de regalías mineras para la etapa de explotación- con los porcentajes correspondientes a minería mediana y gran escala- y de pequeña minería; las regalías por exportación; y, las particularidades para el pago de regalías de oro y plata. Se establece también las patentes de conservación con los montos para las diferentes fases de la minería, y una extensa y detallada explicación del impuesto a los ingresos extraordinarios (windfall tax), el cual aplica a empresas que hubiesen suscrito un Contrato de Explotación Minera. 
 
Sin embargo, la Guía no trata solamente cuestiones corporativas, sino también, laborales de las personas jurídicas que realizan sus inversiones para este sector. Dentro de los temas laborales se describen especiales circunstancias para el sector minero, como el caso de trabajos que requieran operaciones en el subsuelo, para lo cual la jornada efectiva no podrá ser mayor que seis horas diarias, con opción a una hora más. Igualmente, el caso de las jornadas especiales con regímenes de veintiún, veinte o quince días de trabajo, combinado con siete, diez o quince días libres, respectivamente. En la Guía se especifica que la minería es también diferente a otras industrias, pues tienen los titulares de derechos mineros la obligación de contratar, al menos, el 80% de personal ecuatoriano, para la ejecución de sus operaciones mineras, y el 20% restante de preferencia a personal técnico especializado ecuatoriano. Se presenta también la necesidad de contemplar un sistema de Gestión en Seguridad y Salud, con planes de contingencia en función de la fase de actividad minera en la que se encuentre el proyecto. Así también, se analiza el régimen de visas para los trabajadores y funcionarios extranjeros de inversionistas en minería.
 
En el ámbito ambiental y comunitario, se describe la obligación de realizar una consulta previa de acuerdo al derecho internacional y la Constitución de la República. Se explica que el resultado de la consulta deberá reflejar el consentimiento o rechazo de las comunidades a la realización del proyecto, siendo el Ministerio de Minería el que decidirá en caso de una oposición mayoritaria. Es muy útil la aclaración de la Guía al indicar que, de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente (COA), la consulta se realizará al momento de la socialización para la emisión de la licencia ambiental. 
 
En cuanto a los requisitos ambientales se expresan los requisitos para realizar actividades mineras, indicándose los Términos de Referencia, Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. Además, se indica la necesidad del Registro y la Licencia Ambiental, el primero aplicable para labores de exploración ambiental, y el segundo para proyectos considerados de medio y alto impacto ambiental. También se hace referencia al Certificado de Intersección, mediante el cual se determina si los derechos mineros intersectan con áreas de conservación declaradas. Asimismo, se contempla la obligación de presentar información y permitir inspecciones como parte de auditorías y controles  ambientales. 
 
Más importante aún, se realiza un análisis de la responsabilidad ambiental, que a partir de la Constitución de la República de 2008, dejo de ser subjetiva y pasó a ser objetiva, siendo responsable por un daño ambiental, potencial o real, el concesionario minero, independiente de dolo, culpa o negligencia del daño, recayendo sobre este la carga de la prueba. La Guía describe también la responsabilidad ambiental compartida entre los contratistas o asociados de los titulares mineros cuando realicen actividades en sus concesiones, incluso ante su caducidad, estando obligados los contratistas al cumplimiento de la normativa ambiental. En este análisis, la Guía también realiza una identificación de los delitos ambientales en el COA, con sanciones de privación de libertad y multas.
 
En definitiva, la Guía busca convertirse en una herramienta de importante utilidad para todos quienes realizan actividades en la industria minera y, también, como una referencia para los interesados en la materia de minería. Debido al detalle y precisión que ofrece la Guía en cada una de las temáticas que analiza, y por mantenerse siempre actualizado con las últimas reformas expedidas en la normativa aplicable, es un importante aporte para el desarrollo de la industria minera en el Ecuador. Por lo tanto, se recomienda su difusión y se insta al debate de las disposiciones aplicables a la minería en el Ecuador, fomentando la evolución e innovación de la normativa hacia los más altos estándares internacionales a fin de impulsar la inversión nacional e internacional. 

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