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2018-01-29
¡Mientras estés bajo mi techo, te puedo tomar las fotos que quiera!


 

La “rebeldía” de los niños y adolescentes ha llegado a la justicia ordinaria… Pero, ¿es justificable?

 

Desde pequeños, y aún más en la adolescencia, hemos escuchado la frase trillada “mientras vivas bajo mi techo, harás lo que yo quiera”, y en parte es cierto, pues, si queremos seguir viviendo de manera cómoda debemos obedecer y respetar ciertas reglas comunes de convivencia, normas que nos enseñan, además, vivir en sociedad. Sin embargo, ¿esa natural obediencia hacia nuestros padres tiene algún límite? ¿Pueden hacer nuestros padres de nosotros lo que quieran hasta que cumplamos la mayoría de edad? ¿Acaso, nuestros padres poseen derecho sobre nuestra imagen hasta que alcancemos los 18 años? Pues ¡no!, y veremos del porqué en las próximas líneas.

 

La tecnología ha traído al mundo muchas facilidades, y con ella las redes sociales. Según Wikipedia, la red social “es un medio de comunicación social que permite establecer contacto con otras personas por del sitio Web. Está conformado por (…) por personas que comparten alguna relación, principalmente de amistad y que mantienen intereses y actividades en común o se encuentran interesados en explorar los intereses y las actividades de otros usuarios[1]. (Lo subrayado me pertenece).

 

Por lo antes dicho, ¿se podría entender que los videos y fotos de nuestros más cercanos son un interés o actividad que se debe compartir con los demás? Algunas personas podrían decir que sí, y están en lo correcto, con la salvedad de que las personas que salen en esas fotos y/o esos videos hayan dado su autorización para que se suban a las redes sociales.

 

Con una persona adulta esa aceptación tácita es sencilla de comprobar, pues esta tiene la autoridad de solicitar- a quién haya subido la foto o video a la red-  que se despublique, y en el caso que no lo haga, es posible desetiquetarse. Pero qué sucede con un menor de edad cuando la madre y/o el padre suben fotos o videos en donde sale él, y esto le afecta de alguna manera. Siempre es posible abogar por la sensatez de los padres, y solicitar a sus padres que no lo hagan, pero, ¿esto siempre llega a buen puerto?

 

En Italia, un chico de 16 años, tras el intento fallido de solicitar a su madre que despublique fotos en las que salía él, demando a su madre.

 

Tras varios meses de litigio, el 23 de diciembre de 2017 la justicia italiana ordenó el pago de 10.000 euros al chico por parte de su madre si esta seguía difundiendo fotos o videos sin su consentimiento. El tribunal italiano basó su sentencia en la norma de propiedad intelectual: “no se puede exhibir, reproducir o comerciar con el retrato” a menos que exista un interés público.

 

Actualmente, y sobre todo los padres primerizos, “postean” imágenes o videos de sus hijos, hasta cuando aún no nacen. Borja Adsuara Varela, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital menciona que “suele existir un error común entre los padres y las madres. Piensan que hasta que cumplen 18 años, tienen el poder absoluto sobre la intimidad y la imagen de sus hijos. Y no es así. Tienen el deber de cuidarlas y protegerlas. No sólo deben decidir si publican o no la imagen, sino que deben velar que otros respeten esos derechos del menor.[2]

 

¡Es verdad! Y es que, una vez que las imágenes o videos se hayan subido a la red, es muy complicado seguir la pista de los mismos, y no se sabe en qué manos pueden caer, y su fin.

 

Relacionado con este tema, el abogado español Joaquín Muñoz, especialista en derecho de la nuevas tecnologías, protección de datos, LSSI, entre otras ramas relacionadas con la tecnología, indica que “se considera una intromisión ilegítima en el derecho al honor, intimidad personal y familiar, y la propia imagen del menor la utilización de su imagen o su nombre en medios de comunicación que pueda implicar el menoscabo de su honra, su reputación o contraria a sus intereses.

 

En  el Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia establece que:

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:


a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y,


b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias
[3]. (Lo subrayado me pertenece).

 

Está claro que, por un lado, son los padres responsables de cuidar los derechos de los niños y adolescentes; y, por otro, que se debe respetar la dignidad, autoestima, reputación e imagen de estos.

 

Igualmente, el mismo código establece que: Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de conformidad con la ley[4].


Se prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada
.

 

Los padres deben ser lo primeros en cuidar que se respete la intimidad de la vida privada de los menores de edad. Es por ello que la demanda interpuesta por el menor de edad en Italia no fue tan descabellada, ya que la madre de este infringió “la vigilancia natural” del derecho a la intimidad, dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia del adolescente.

 

 

La legislación de nuestro país- con relación a este tema- no es distinta a la europea, pues, en nuestra reglamentación se establece de manera positiva las multas que estarán sometidas las personas que violen la intimidad o imagen de un menor[5]

 

¡Y no solo que existe una sanción pecuniaria! En mayo de 2017, el Tribunal de Maryland decidió quitar a sus padres la custodia de dos de sus cinco hijos por viralizar en la plataforma “YouTube” videos en los cuales los padres hacían “bromas” de mal gusto a estos.

 

Un estudio de 2015 realizado por la consultora Nominet, determinó que solo en el Reino Unido cada año los padres publican doscientas fotos de sus hijos menores de cinco años. Al llegar al lustro, la criatura, según estos cálculos, se toparía ya con mil fotos en líneas antes de su quinto cumpleaños. Este informe resolvía que un 20% de los padres nunca habían mirado la configuración de privacidad de Facebook (…)[6]

 

Francia, respecto a la violación de la imagen e intimidad de los niños y adolescentes es muy dura. El Gobierno Francés ha advertido que, las personas- ya sean familiares o terceros- que publiquen fotos o videos sin autorización del menor, tendrán que pagar la suma de 45.000 euros al afectado.

 

Creo que con esto, los padres deben pensar dos veces en publicar fotos o videos de sus hijos, pues sino tienen la autorización de los menores, puede que un “insolente” los demande.



[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social

[3] Artículo 51 del Código de la Niñez y Adolescencia.

 

[4] Artículo 53 del 51 del Código de la Niñez y Adolescencia.

 

[5] Artículo 248 del Código de la Niñez y Adolescencia: “El que de cualquier forma amenace o viole alguno de los derechos o garantías contemplados en este Código y más leyes, en favor de un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u omisión no tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de una multa de 100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos”.

 

Este artículo está concatenado a lo dispuesto en el artículo 251 del mismo código: Serán sancionados con la multa señalada en el artículo 248:


1. Los medios de comunicación, los responsables de su programación o edición y los periodistas, que difundan informaciones que permitan o posibiliten la identificación de un adolescente involucrado en un enjuiciamiento penal, o de sus familiares;


2. Los medios y personas señalados en el numeral anterior, que publiquen o exhiban reportajes, voz o imagen o cualquier dato o información que permita identificar a un niño, niña o adolescente que ha sido objeto de cualquiera forma de maltrato o abuso sexual;


3. Los funcionarios públicos que por cualquier medio, directa o indirectamente, hagan o permitan que se hagan públicos los antecedentes policiales o judiciales de los adolescentes que hayan sido investigados, enjuiciados o privados de su libertad con motivo de una infracción penal, en contravención de lo dispuesto por el artículo 53;


4. Los que utilicen la imagen de un niño, niña o adolescente en cualquier medio de comunicación o recurso publicitario sin la autorización expresa de este último o de su representante legal; y,


5. Las personas naturales o jurídicas que distorsionen, ridiculicen o exploten a través de cualquier medio la imagen de los niños, niñas o adolescentes con discapacidad.

 

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