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2018-04-13
El Código Orgánico del Ambiente entró en vigencia


El 12 de abril de 2017 se publicó el Código Orgánico del Ambiente (en adelante el “COA” o el “Código”) en el Registro Ambiental y entró en vigencia el día de hoy 12 de abril de 2018. El COA define, regula y establece procedimientos detallados en materia ambiental para todas las actividades económicas que se desarrollen en Ecuador, incluidas las mineras.
 
Hasta antes de la expedición del COA la mayoría de procedimientos ambientales aplicables a la industria minera se encontraban desarrollados en la normativa secundaria (especialmente reglamentos y acuerdos ministeriales). Gran parte de estos procedimientos se encuentran contemplados en el COA, por lo que las autoridades ambientales deberán adecuar la normativa secundaria vigente a las disposiciones del COA.
 
En términos generales el COA implementa las siguientes reformas:
 
a)      Se establece (i) la solidaridad de la responsabilidad ambiental entre el representante legal y su mandante y (ii) la asunción de la responsabilidad ambiental de acuerdo a lo previsto por la Ley en caso de fallecimiento de la persona natural que causó el daño ambiental.
 
En el primer caso no se puede asumir una responsabilidad solidaria del representante legal, pues no es más que un simple mandatario, por lo que asumir una responsabilidad solidaria es imputarle una responsabilidad sin prueba o resolución previa. En el segundo caso, se entiende que puede existir una sucesión en la responsabilidad de remediar los daños, lo cual va contra los preceptos del beneficio de inventario consagrados en el Código Civil.
 
b)      La responsabilidad solidaria entre el generador (i.e. operadores mineros) y el gestor de los desechos peligrosos (i.e. recolección, transporte, tratamiento y disposición), establece que el generador es responsable de los desechos desde su producción hasta su eliminación o disposición final.
 
La extensión de responsabilidad solidaria entre generadores y gestores desconoce la cadena de manejo de desechos.
 
c)      El promotor del proyecto y el consultor ambiental que elabora los estudios son solidariamente responsables de la veracidad del contenido.
 
Esta norma deja de lado el hecho de que la información proporcionada por el promotor al consultor puede ser errada o incompleta, por lo que es ineficiente extender la responsabilidad a dichos consultores.
 
d)      Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (en adelante los “GAD’s”) son delegados la política ambiental, particularmente atribuciones de control, juzgamiento y sanción en asuntos ambientales, lo cual incluye también a los sectores estratégicos.
 
Podría encontrarse en contraposición al artículo 313 de la Constitución de la República, el cual establece que los sectores estratégicos son de exclusiva rectoría, administración y decisión del Estado Central.
 
e)      El principio de la precaución establece el presupuesto legal de que por la simple suspicacia de una eventual contaminación, se puedan revertir permisos.
 
Se puede generar un amplio margen de discrecionalidad para la autoridad para suspender o revocar permisos de funcionamiento para diversas industrias y atenta contra la presunción de inocencia. Resulta repetitivo pues ya existe el principio de la prevención.
 
f)       El principio de que el que contamina paga, genera confusión entre responsabilidad objetiva y subjetiva. La reglamentación debe establecer la obligación de la existencia de una resolución previa que determine quién contaminó.

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