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2018-05-11
Abogados: ¿Irresponsabilidad Profesional?


ABOGADOS: ¿IRRESPONSABILIDAD PROFESIONAL?

La escena de una película, que por la trama parecería algo cercano a del género de terror, inicia con varios jóvenes caminando por las calles de Nueva York, con una funda “ziploc” en la mano con todas sus pertenencias, la protagonista de la película camina nerviosa e impaciente, cuando se cae en cuenta de que –no va a dar el examen de la barra[1], sino el de responsabilidad profesional– y respira ligeramente aliviada.

Esto lejos de ser una película es la realidad para estudiantes recien graduados de derecho en Estados Unidos y otros países, pero no en el Ecuador. Actualmente en nuestro país no se exige rendir y se aprobar un examen de responsabilidad profesional para ejercer la abogacía. Sin embargo, lo que realmente llama la atención no es la falta de evaluación de los futuros abogados, sino la falta de regulación de esta profesión tan importante para la sociedad.

El Código Orgánico de la Función Judicial, norma que regula la práctica profesional de los abogados ecuatorianos, establece en su artículo 330[2] los deberes que deben observar los abogados admitidos para practicar la profesión en el país y en su artículo 335 las prohibiciones a los abogados[3]. Todos ellos se refieren de manera exclusiva al abogado litigante y no regulan en absoluto los deberes de un abogado que brinda asesoramiento.

Es claro entonces que la regulación que existe resulta insuficiente, porque la mayoría de abogados no se dedican al patrocinio de causas, son abogados corporativos, empleados dentro de compañías o incluso funcionarios públicos.

Por otro lado, no existe un verdadero control y aplicación de las pocas regulaciones vigentes. En mi corta experiencia profesional y por referencia de abogados de mayor tiempo en el ejercicio, no he conocido un caso en que se haya sancionado a un abogado con suspensión por ninguna causa, pero he tenido el infortunio de enfrentarme a muchos colegas que litigan de mala fe, dilatan exageradamente los procesos y utilizan tácticas de intimidación en contra de su contraparte y sus abogados.

Por lo expuesto es necesario tomar medidas correctivas que impongan verdaderas responsabilidades a los abogados. Algunas sugerencias sobre posibles medidas a tomar se describen a continuación:

La primera medida que puede ayudar a supere este problema es la adecuada regulación. En general estoy de acuerdo con la denominación de García de Enterría cuando se refiere a países de “leyes desbocadas” y considero que en la mayoría de los casos los problemas no se solucionan con leyes o mayor regulación; sin embargo, en este caso sí se requiere de una mayor y mejor regulación de la responsabilidad profesional de los abogados en Ecuador. Para citar algunos ejemplos se necesita una regulación específica y detallada de:
 
  • La formación de la relación cliente-abogado.
  • Los deberes de los abogados, especialmente el deber de diligencia, competencia, confidencialidad, resguardo de la propiedad y bienes del cliente, entre otros.
  • Los conflictos de interés entre clientes actuales, potenciales clientes y antiguos clientes.
  • Los deberes del abogado en sus diferentes roles; como abogado patrocinador, como consejero, negociador, como árbitro o mediador.
  • Los deberes de los abogados en relación a terceros en transacciones.
  • Los deberes y responsabilidades de los diferentes supervisores en firmas de abogados y la regulación de las mismas.
  • La promoción y publicidad de servicios jurídicos.

En segundo lugar, se requiere de un verdadero control y sanción de faltas disciplinarias cometidas por los abogados. La impunidad es la peor enemiga de la responsabilidad profesional. Actualmente, el Consejo de la Judicatura es el órgano encargado de imponer sanciones disciplinarias a los abogados[4]. Sin embargo, este órgano por sus diversias competencias quizá, o su injerencia política, no tiene el incentivo para ejercer un control adecuado sobre los profesionales de derecho.

Finalmente, se requiere educación, las facultades de jurisprudencia de todas las universidades del país deberían impartir una clase de responsabilidad profesional a los futuros abogados.


[1] El examen de la barra de Nueva York es un examen para poder ejercer la profesión de abogado en dicho estado, consiste en dos días de examen 6 horas cada día.
[2] Código Orgánico de la Función Judicial:
Art. 330.- DEBERES DEL ABOGADO EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS.- Son deberes del abogado en el patrocinio de una causa:
1. Actuar al servicio de la justicia y para este objeto colaborar con los jueces y tribunales;
2. Patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe;
3. Defender con sujeción a las leyes, la verdad de los hechos y las normas del Código de Conducta en el Ejercicio Profesional que será dictado por el Consejo de la Judicatura;
4. Instruir y exhortar a sus clientes para que acaten las indicaciones de los tribunales y jueces, así como para que guarden el debido respeto a los mismos y a todas las personas que intervengan en el proceso;
5. Cumplir fielmente las obligaciones asumidas con su patrocinado;
6. Abstenerse de promover la difusión pública de aspectos reservados del proceso en que intervenga, aún no resuelto;
7. Consignar en todos los escritos que presentan en un proceso, su nombre, de caracteres legibles, y el número de su matrícula en el Foro, y su firma en los originales, sin cuyos requisitos no se aceptará el escrito;
8. Denunciar a las personas que incurran en el ejercicio ilegal de la abogacía;
9. Proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a las autoridades judiciales y,
10. Las demás que determine la ley”.
[3] Código Orgánico de la Función Judicial:
Art. 335.- PROHIBICIONES A LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE LAS CAUSAS.- Es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas:
1. Revelar el secreto de sus patrocinados, sus documentos o instrucciones;
2. Abandonar, sin justa razón, las causas que defienden;
3. Asegurar a sus patrocinados el triunfo en el juicio;
4. Defender a una parte después de haber defendido a la otra, en procesos relacionados entre sí;
5. Autorizar con su firma escritos o minutas elaborados por otra persona;
6. Ser defensor en las causas en que hubiese sido juez o conjuez. Para este efecto forman unidad la causa y los actos preparatorios;
7. Intervenir en las causas cuando esto motivare la excusa del juez o conjuez;
8. Reunirse con la jueza o el juez para tratar asuntos inherentes a la causa que está defendiendo, sin que se notifique previamente y con la debida antelación a la contraparte o a su defensor para que esté presente si lo desea;
9. Ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad, a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis; y,
10. Ausentarse a cualquier audiencia o diligencia judicial, en la que su presencia sea necesaria para el desarrollo del juicio, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
11. Las demás prohibiciones establecidas en este Código.”
[4] Código Orgánico de la Función Judicial:
Art. 336.- SANCIONES.- Sin perjuicio de las facultades correctivas otorgadas a los jueces por este Código, las sanciones que pueden imponerse a las abogadas y los abogados a que se refieren los artículos anteriores, serán impuestas por las direcciones regionales o provinciales respectivas del Consejo de la Judicatura.
Las sanciones consistirán en la imposición de multas de hasta tres remuneraciones básicas unificadas.
La mora por el lapso de tres meses del pago de las multas impuestas por las y los jueces o por el Consejo de la Judicatura, ocasionará la suspensión en el Foro de Abogados, dicha suspensión subsistirá hasta que se haga efectivo el pago.”
Art. 338.- TRAMITE DE LA SUSPENSION DEL EJERCICIO PROFESIONAL.- La dirección regional respectiva del Consejo de la Judicatura, previa sustanciación de un expediente en el que se asegurará el derecho a la defensa del abogado, resolverá la suspensión de su ejercicio profesional, por mayoría absoluta de votos presentes.
La suspensión no podrá ser inferior a un mes ni mayor a seis meses, atendiendo a la gravedad de la falta.
Contra esta resolución cabe deducir recurso ante el Pleno del Consejo de la Judicatura.
La resolución de suspensión será anotada en el libro del Foro a cargo de la dirección regional respectiva, así como el levantamiento de la medida por el cumplimiento del tiempo por el que fue dictada.
Podrán solicitar la suspensión del ejercicio profesional de un abogado la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, las juezas y jueces, las conjuezas y los conjueces y cualquier persona que demuestre interés legítimo.”

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