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2018-10-18
Corte Constitucional de Colombia obliga a concertar sobre el futuro de la explotación minera o petrolera


La consulta previa para los pueblos y nacionalidades indigenas en las áreas de influencia de proyectos de extracción de recursos naturales no renovables es un mecanismo cuyos elementos principales están regulados principalmente por el derecho internacional y el derecho comparado. Es así que la Organización Internacional del Trabajó (en adelante la “OIT”) en su Convenio 169 ha indicado que esta es obligatoria para los pueblos y nacionalidades indigenas pero no vinculante para el Estado. De esta manera, se ha tornado en un tema altamente conflictivo pues los Estados no lo han implementado preventivamente y grupos ambientalistas lo han utilizado como herramienta para detener el desarrollo de actividades extractivas. 
 
Recientemente en el Ecuador la Corte Provincial del Azuay, constituida en un Tribunal de Justicia Constitucional, dictó sentencia en la apelación de una sentencia de primera instancia que otorgó una acción de protección en contra el proyecto minero Río Blanco. El Tribunal decidió no levantar la suspensión del proyecto. Con respecto a la consulta previa de la comunidad de Molleturo, el Tribunal dictaminó que los resultados de la pregunta sobre la minería en el referéndum del 4 de febrero de 2018 pueden ser utilizados como un sustituto de la misma. Esta decisión generó más dudas sobre los efectos de este fallo en el proyecto de Río Blanco, así como para los proyectos actuales y futuros con respecto a la consulta previa pues sienta un complicado precedente. 
 
Nos ofrece una alternativa interesante una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia de 11 de octubre de 2018, la cual falló en un recurso de tutela a favor de la empresa Mansarovar Energy determinando que las consultas populares no pueden prohibir las actividades extractivas en las regiones de este país (http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2040%20comunicado%2011%20de%20octubre%20de%202018.pdf). Mansarovar Energy solicitó que se dejara sin efecto una decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del departamento del Meta que permitió que se realice una consulta popular que frenó la extracción de petróleo en el municipio de Cumara. Cabe indicar que en este caso se discute el uso de la consulta popular por los municipios y no propiamente la consulta previa como mecanismo de participación de la ciudadanía de la localidad. No obstante, resulta relevante pues solamente así se puede avanzar hacia una determinación de sus elementos. Principalmente la Corte aplica la decisión salomónica de que los municipios no pueden prohibir la minería ni el Estado puede imponerla, obligándolos a la concertación sobre el futuro de la explotación minera o petrolera.
 
Más allá de las cuestiones de competencia entre el Estado y gobiernos seccionales de los que trata el fallo de la corte Colombiana (un fallo del año 2016 de la misma Corte Constitucional había considerado que los municipios sí tenían la posibilidad de regular el uso del suelo mediante mecanismos de participación al considerar la consulta popular en cuanto a un proyecto minero del municipio de Pijao) el fondo concierne a importantes inversiones que se ejecutan o preven en el ámbito petrolero y minero. En el fallo de este mes el tribunal adoptó una jurisprudencia anterior de la misma Corte del año 2014, el cual ordenaba llevar a cabo una concertación entre el Estado, las comunidades y las empresas que desarrollan proyectos extractivos, para que no se imponga el interés de ninguna de las partes. En este caso conmina al legislativo a que establezca mecanismos para implementar este concertación y establecer ciertos parámetros que esta debe contener. 
 
Los elementos a criterio de la Corte para regular las consultas a las comunidades en materia de extracción de recursos naturales no renovables son: i) la participación ciudadana y pluralidad; ii) la coordinación y concurrencia entre el Estado central y los gobiernos seccionales; iii) la inexistencia de un poder de veto de los gobiernos seccionales para la exploración y explotación del subsuelo y de recursos naturales no renovables; iv) la información previa, permanente, transparente, clara y suficiente; v) el desarrollo sostenible; vi) el diálogo, comunicación y confianza; vii) el respeto, protección y garantía de los derechos humanos; viii) la coordinación y fortalecimiento de la capacidad institucional del Estado central y los gobiernos seccionales y, xiii) la sostenibilidad fiscal.
 
A pesar de que este fallo no deja satisfechos a todos los involucrados, definitivamente ofrece seguridad jurídica, pues se determinan pautas que el legislativo, el ejecutivo y los gobiernos seccionales deben cumplir dentro de parámetros objetivos. Debido a la necesidad urgente de contar en el Ecuador con una normativa respecto de la consulta previa debe tomarse este fallo de la Corte Constitucional colombiana como una referencia que, conjuntamente con el derechista internacional de la materia, podrán ofrecer claridad en la aplicación de este requisito para los proyectos de extracción de recursos naturales no renovables. Igualmente, las cortes ecuatorianas deben mirar a esta decisión como una referencia de sobriedad y mesura que requiere un Estado moderno garantista de derechos. Solo así las comunidades, los gobiernos seccionales, las empresas y el Estado central tendrán certezas de estos procesos dentro de sus intereses y objetivos.

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