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Hoy no fío... mañana tampoco

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Introducción

Los ecuatorianos nos hemos acostumbrado a la palabra “crisis”, pues desde que tenemos memoria hemos escuchado a nuestros abuelos, padres, y ahora a nosotros mismos, decir que estamos en crisis.

El 2020 no va a ser distinto, pues según el Banco Central del Ecuador el país tendrá un “crecimiento” de 0.6%[1], o capaz menos, esto último debido a la paralización sufrida el año anterior, entre otras causas.

Como si fuera poco, actualmente el mundo está conmocionado por el Coronavirus, el cual ya ha acabado con miles de vidas en China, y se conoce de algunas infecciones en otros lugares del mundo.

La afectación del Coronavirus será potencial para la economía mundial, sin que Ecuador este fuera de la misma. Muchas compañías dedicadas a la importación de enseres del país asiático se verán afectadas, y con ellas las compañías que deben adquirir estos enseres para su producción.

Las compañías que dependen de los insumos chinos- por no decir todas- podrían entrar en pérdidas, empezando a un círculo viciosos que afecten a sus acreedores, y estos a otros.

En el supuesto que esto suceda, es necesario tener en mente un proceso que podría no solo satisfacer de alguna manera a los acreedores de las compañías ecuatorianas, sino que también, llegar a mantener a la compañía sin que esta sea liquidada.

La Ley de Concurso Preventivo[2] es una normativa que tiene 14 años, pero es de muy poco uso por desconocimiento.

Esta norma tiene 3 objetivos específicos: (i) facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía, (ii) regular las relaciones entre el deudor y los acreedores y (iii) conservar la empresa[3].

Es necesario recordar que es una causal de disolución si la compañía tiene pérdidas del 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas[4]; y si el deudor no tramita este proceso de concurso preventivo, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (en adelante la “Superintendencia”) podrá disponer su disolución.

Es necesario, antes de iniciar con la explicación del Concurso Preventivo (en adelante “el Concurso”), definir dos conceptos que pueden suelen ser confundidos: (i) el Concurso de Acreedores o de quiebra (en adelante la “Quiebra”), y (ii) el Concurso en sí, del cual se trata este pequeño trabajo.

Juan Larrea Holguín define a la Quiebra como el “[p]rocedimiento para liquidar los activos de un comerciante y pagar con esto a los acreedores según el orden de preferencia[5].

Pero, ¿este proceso judicial puede ser imputable para las compañías constituidas en el Ecuador? Pues, ¡sí! Las compañías son consideradas comerciantes[6]; sin embargo, para poder iniciar un proceso de Quiebra en contra de una de ellas, la compañía no debe tener un activo superior a US$ 10.515,60 Dólares de los Estados Unidos de América o más de cien trabajadores permanentes, con un pasivo superior a US$ 5.257,80 Dólares de los Estados Unidos de América, caso contrario se deberá iniciar previamente el Concurso[7], para que, en el supuesto que falle el mencionado Concurso, se pueda iniciar el proceso de Quiebra.

Por otro lado el Concurso, el cual se pasa a explicar en adelante.

Concurso Preventivo

Como se ha mencionado anteriormente, la Ley de Concurso Preventivo tiende a facilitar la extinción de las obligaciones de la compañía, regular las relaciones entre esta y los acreedores, y conservar la empresa[8]

Ley aplicable

Entendemos que las compañías, independientemente que son consideradas comerciantes- por lo que en un principio se pensaría que estarían envueltas en las disposiciones del Código Orgánico de Procesos, (en adelante el “COGEP”)- deberán sujetarse a lo mencionado en la Ley de Concurso Preventivos, puesto que en el artículo 415 del COGEP establece lo siguiente:

Las o los deudores, sean comerciantes o no comerciantes, podrán acogerse a concurso preventivo a fin de evitar el concurso de acreedores.

Las compañías se sujetarán a la ley

En el supuesto que el Concurso no haya podido llegar a buen puerto, los acreedores o deudores tendrán la posibilidad de ejercer su derecho mediante otra vía, pues al Concordato se lo reconoce como título ejecutivo. En ese caso, el proceso deberá ser resuelto bajo el COGEP.

Sujetos

El deudor tiene la obligación de iniciar el Concurso ante la Superintendencia, en el supuesto que este se encuentre o pueda encontrarse en cesación de pago[9], con el fin de poder suscribir un acuerdo (en adelante el “Concordato”).

Los acreedores, de igual manera podrán solicitar el Concurso dentro del plazo de 60 días siguientes[10] al conocimiento de cualquiera de las causales descritas en el artículo 4 de la Ley de Concurso Preventivo, el cual ha sido citado anteriormente.

Es de vital importancia presentar dentro del plazo antes mencionado la solicitud, caso contrario esta no será admitida por la Superintendencia.

Presentación de créditos

Una vez que se hay aceptado la solicitud del Concurso, los acreedores deberán presentar sus créditos a la Superintendencia, los cuales deberán ser justificados con sus respectivas pruebas para su eventual aprobación.

En el supuesto que los interesados no presentaren los documentos que justifiquen sus acreencias dentro del término establecido en la norma, no serán considerados dentro del Concordato

Procesos judiciales paralelos

Es importante indicar que, en el supuesto que se haya iniciado algún proceso judicial para el cobro de los haberes de la compañía, este proceso queda suspendido, aún después de haberse expedido la correspondiente sentencia, con excepción de los procesos laborales. Asimismo, se debe tomar en cuenta que si dentro del proceso judicial iniciado por cualquiera de los acreedores se encontraba alguna medida cautelar, esta será suspendida.

En el supuesto que el Concordato no se llegaré a ejecuta por cualquier razón, las medidas cautelares que fueron suspendidas volverán a su estado anterior.

Iniciado el Concurso y mientras se ejecute el Concordato, los plazos y términos de prescripción y caducidad de las acciones que se tengan a favor de los acreedores, fiadores, garantes y avalistas, serán suspendidas[11].

Terminación de Concordato

El Concordato, en primera instancia, se termina con el cumplimiento de las obligaciones concordatarias establecidas por la compañía y sus acreedores.

Sin embargo, el Concordato puede darse por terminado, asimismo, en el caso que alguna de las partes haya incumplido cualquiera de las obligaciones expuestas por las partes.

En el caso que se termine el Concordato sin el cumplimiento efectivo del mismo, las cosas regresarán a su estado inicial, dando la libertad al deudor como a los acreedores de iniciar un proceso judicial. No olvidemos, y como se ha mencionado anteriormente, el Concordato se lo considera como un título ejecutivo. En este sentido, cabe mencionar que “[l]a terminación del concordato por incumplimiento, no afectará en ningún caso los actos y contratos ejecutados en virtud del mismo[12].

Conclusión

Como se ha podido ver, el Concurso es una solución que podría resultar interesante, pero dependerá mucho de la actuación y agilidad de la Superintendencia. Este proceso establece parámetros claros para las partes, que en el caso que se llegue a buen puerto y se cumpla con lo acordado en el Concordato, la deudora podrá seguir con sus actividades sin problema, y sin tener que entrar en un tedioso proceso de liquidación, además de haber cumplido con sus obligaciones con terceros.

En todo caso, es una opción para las compañías o acreedores que no quieren, por lo pronto, estar inmiscuidos en algún proceso judicial.

 

[1] https://www.elcomercio.com/actualidad/banco-economia-estancamiento-perdidas-reformas.html

[2] Registro Oficial Suplemento No. 422 del 21 de diciembre de 2006.

[3] Art. 2, Ley de Concurso Preventivo.

[4] Art. 377, Ley de Compañías.

[5] Juan Larrea Holguín, Enciclopedia Jurídica Ecuatoriana, Tomo VII, p. 529, Ecuador.

[6] Art. 2, Código de Comercio:

Son comerciantes:

b) Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles; y,

c) Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio, según la normativa legal que regule su funcionamiento
”.

[7] Art. 1, Ley de Concurso Preventivo.

[8] Art. 2, Ley de Concurso Preventivo.

[9] Art. 4, Ley de Concurso Preventivo:

“Para los efectos de esta Ley, constituye cesación de pagos un estado patrimonial del deudor que se manifiesta externamente por uno o más de los siguientes hechos:


a) El incumplimiento por más de sesenta días de una o más obligaciones mercantiles y que representen en total el treinta por ciento o más del valor del pasivo total;


b) Encontrarse ejecutoriados e insatisfechos uno o más autos de pago o providencias equivalentes, dictados contra el deudor, dentro de cualquier procedimiento judicial o administrativo y cuyas cuantías representen un treinta por ciento o más del valor del pasivo total;

c) Endeudamiento por obligaciones de plazo menor de dos años y que exceda al ochenta por ciento del valor de sus activos; siempre que se demuestre que no podrá ser cubierto oportunamente;

d) Daciones en pago de los activos necesarios para la actividad empresarial, que representen en conjunto más del veinte por ciento del activo de la empresa; y,

e) Cuando las pérdidas alcancen el cincuenta por ciento o más del capital social y la totalidad de sus reservas
.

[10] Art. 7, Ley de Concurso Preventivo.

[11] Art. 25, Ley de Concurso Preventivo.

[12] Art. 44, Ley de Concurso Preventivo.

 

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Viernes, 21 Febrero 2020 19:49

Mining Alert No. 1 - 2020

On February 21, 2020, the Constitutional Court issued opinion 1-20-CP / 20, whereby the request for referendum by the prefect of Azuay, Yaku Pérez, was denied, by which he sought to prohibit mining in Azuay and "cancel" the mining concessions granted in that province.


Viernes, 21 Febrero 2020 19:45

Alerta Minera No. 1 del 2020

El 21 de febrero de 2020, la Corte Constitucional emitió el dictamen 1-20-CP/20, por medio del cual se negó la solicitud de consulta popular realizada por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez, por la cual buscaba prohibir la minería en el Azuay y "cancelar" las concesiones mineras otorgadas en esa provincia.



A finales de diciembre de 2019 entró en vigor el Convenio entre Japón y la República del Ecuador para eliminar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributaria (en adelante el “Convenio”).

El Convenio es aplicable para las personas o entidades con residencia fiscal en Japón o Ecuador y comprende los siguientes impuestos:

En Ecuador:

  1. El impuesto sobre la renta aplicable a personas naturales y jurídicas.

En Japón:

  1. El impuesto a la renta.
  1. El impuesto sobre sociedades.
  1. El impuesto especial a la renta por reconstrucción.
  1. El impuesto sobre sociedades locales.
  1. Los impuestos locales sobre habitantes.

La Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria estableció varias reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, entre ellas, la imposición del impuesto al valor agregado (“IVA”) a los servicios digitales. El impuesto empezará a aplicarse seis meses después de la publicación de la ley en el Registro Oficial; es decir, desde julio de 2020.


El Gobierno del Ecuador emite el Mapa para la Planificación de la Gestión Minera del Ecuador.



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On May 2, 2019, the bill for the reform of the Mining Law was presented, which was qualified by the Legislative Administration Council of the National Assembly on October 2, 2019 and which will be analyzed by the commission of biodiversity and natural resources.


El 2 de mayo de 2019 se presentó el proyecto de ley reformatoria de la Ley de Minería, el cual fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa el 2 de octubre de 2019 y que será tratado por la comisión de la biodiversidad y recursos naturales.


Se publicó la Guía Técnica de Procedimientos de la ARCOM de la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM en el Registro Oficial Edición Especial número 29 de 13 de agosto de 2019 con respecto a los procedimiento para (i) la gestión de la administración de información minera y (ii) la gestión de control y vigilancia técnica.


Miércoles, 07 Agosto 2019 13:11

ALERTA MINERA NO. 10 - REFORMAS LABORALES

En los primeros días de agosto de 2019 se han publicado dos importantes reformas normativas en el ámbito laboral con implicancias para la industria minera: (i) las reglas para implementar la acción afirmativa a favor de residentes y pueblos y nacionalidades en la Amazonía y (ii) las normas para autorización de horarios especiales de trabajo.



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