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El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables publicó la actualización a la Política Pública Minera con fecha 15 de mayo de 2019, la cual tiene 6 ejes: desarrollo económico; sostenibilidad ambiental y social; investigación y desarrollo; gestión y administración; regulación, control y combate a la minería ilegal; y, normativa. Cada eje cuenta con objetivos estratégicos (el eje de sostenibilidad ambiental y social cuenta con 2 objetivos estratégicos), y cada uno de ellos tiene una política pública. Adicionalmente, cada eje cuenta con 4 intervenciones efectivas (a excepción de los ejes de (i) regulación, control y combate a la minería ilegal y (ii) de normativa, los cuales cuentan con 2 intervenciones efectivas).                                                                      

El eje de desarrollo económico tiene como objetivo estratégico el “posicionar el sector minero como industria relevante de la economía nacional”, con su política pública el “incrementar y diversificar la producción del sector minero, incentivando la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de empleo […]”. De sus 4 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Implementación y optimización de mecanismos de incentivos fiscales para promover las inversiones mineras en el país, tales como devoluciones de impuestos, contratos de garantías y estabilidad tributaria.
  • Establecimiento de modelos de contratos tipo entre el Estado y las empresas mineras “para negociación y redacción de contrato que contengan un mínimo de disposiciones necesarias o apropiadas, enmarcadas en los principios de legalidad, equidad, equilibrio y de cuidado del ambiente.
  • fomento de la creación de clúster mineros a través de acciones de fomento de la articulación entre la minería e industrias conexas (insumos mineros, metalmecánica, procesamiento y fundición de metales).

El eje de sostenibilidad ambiental y social tiene 2 objetivos estratégicos: (1) adopción de buenas prácticas ambientales y de seguridad ocupacional y (2) armonizar las relaciones entre actores mineros, propiciando el desarrollo de las áreas de influencia, con sus respectivas políticas públicas: (a) fomentar el aprovechamiento de los recursos naturales minerales y (a) fortalecer el vínculo comunitario y la responsabilidad social de quienes realizan actividades mineras, con su política pública el. De sus 4 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Fortalecimiento de las relaciones comunitarias, particularmente los espacios en que los actores (empresas y comunidades) pueden llegar a acuerdo para el desarrollo de proyectos mineros sostenibles y acordes al desarrollo social y ambiental. Incluye optimizar el proceso de consulta previa.
  • Garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada y otros espacios de diálogo, a través de su definición, incluyendo la verificación de la presencia de pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades a quienes se aplique, además de otros espacios de diálogo y participación.
  • Diseño e implementación de mecanismos de incentivos para que los gobiernos regionales y locales de zonas de influencia minera utilicen los recursos de regalías.

El eje de investigación y desarrollo tiene como objetivo estratégico el fortalecer la investigación geológica, minera y metalúrgica, con su política pública el “promover la investigación, innovación, transferencia tecnológica, y el emprendimiento para el desarrollo del sector minero.” De sus 4 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Fomento de la innovación en minería a través de fondos concursables, subsidios directos o incentivos fiscales que incrementen acciones de innovación de las empresas mineras.
  • Definición de las zonas idóneas para realizar actividades mineras en base a criterios sociales, ambientales, hídricos (fuentes de agua declaradas de interés público y zonas de importancia hídrica), productivos, económicos, técnicos, de seguridad y de riesgos.
  • Actualización de la categorización de las actividades mineras en base a una revisión de aspectos técnicos (diseños de explotación, volúmenes de producción, infraestructuras asociadas, requisitos tributarios) para todos los regímenes.

El eje de gestión y administración tiene como objetivo estratégico articular las funciones y competencias de las instituciones públicas involucradas en el sector minero, con su política pública el promover una administración pública articulada, oportuna y eficiente. De sus 4 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Reducción de trámites y procedimientos necesarios para que una persona natural o jurídica obtenga un derecho minero para exploración, explotación o beneficio y su operación, con miras a reducir los tiempos de espera.
  • Depuración del catastro minero a través de una verificación de las áreas mineras que se han graficado, en base a los derechos mineros vigentes o en trámite y la implementación de seguridades operativas para un manejo transparente de la información.

El eje de regulación, control y combate a la minería ilegal tiene como objetivo estratégico fortalecer la estructura de administración, regulación y control del Estado, mediante la aplicación de procesos de auditoría, fiscalización y seguimiento de las actividades mineras, con su política pública el mejorar la capacidad de administración, regulación y control del Estado a las actividades mineras, incluyendo el control a la minería ilegal. De sus 2 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Control a la minería ilegal.
  • Control de la trazabilidad del mineral que se procesa.

El eje de normativa tiene como objetivo estratégico promover un marco normativo sólido para el desarrollo de la industria minera, mediante la revisión, análisis y propuestas de una normativa minera que conduzca a la seguridad jurídica del sector, con su política pública el promover el mejoramiento del marco normativo para viabilizar el desarrollo de la industria minera. De sus 2 intervenciones efectivas, las más relevantes son:

  • Capacitación a servidores de la función judicial en coordinación con el consejo de la judicatura.
  • Revisión y propuesta de ajustes al marco normativo.

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Xavier Andrade Cadena                                                    Rafael Paredes

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Las imágenes de Marck zuckerberg compareciendo ante el Senado de Estados Unidos por el escándalo de Cambridge Analytica, así como la imagen del arresto de Julian Assange a las puertas de la embajada de Ecuador en Londres, además de ser mundialmente conocidas, reflejan un problema actual de gran importancia: la necesidad de promover la seguridad cibernética y la integridad de los datos.

En el caso de Mark Zuckerberg, la consultora Cambridge Analytica se hizo de los datos de millones de usuarios de Facebook, con el fin de crear perfiles de los votantes e influenciar de manera indirecta en los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos. En el caso de Wikileaks, miles de documentos clasificados fueron filtrados por el entonces soldado Bradley Manning, al respecto de las guerras en Afganistán e Irak, así como muchos correos del Comité Demócrata, que fueron publicados con el fin de desprestigiar a la candidata presidencial Hillary Clinton.


The Environmental Regulation of Mining Activities has been reformed again through changes to ministerial agreement number 009 of the Ministry of the Environment with details regarding the obtaining of the Environmental Registry; the economic guarantee of compliance of the EMP; citizen participation; the limitations on Scout Drilling; and, the operation of the SUIA.


The TULSMA has been reformed for the second time in less than 3 months in regards to citizen participation processes in order to obtain environmental administrative authorizations for projects, works or activities. Additionally, the Ombudsman has issued a resolution whereby it determines the criteria for the monitoring of due process in good faith, prior and free environmental consultation. These new regulations are analyzed in our Mining Alert no. 4 for 2019.


Un paraíso fiscal es un término empleado en la legislación tributaria para referirse a los territorios con escasa o nula tributación para las actividades financieras[1]. Por lo general, las legislaciones internas de los Estados contienen los criterios que determinan si un territorio será o no considerado un paraíso fiscal[2].

Actualmente, es innegable el hecho de que los paraísos fiscales constituyen una herramienta muy utilizada en la planificación fiscal internacional, debido a que, en principio, ofrecen: (i) un lugar para efectuar inversiones pasivas; (ii) un lugar para atribuir beneficios contables a entidades registradas aunque su actividad económica real se haya realizado en otro territorio y; (iii) permiten poner “a buen recaudo” los asuntos de los contribuyentes, especialmente sus cuentas bancarias frente a posibles investigaciones fiscales[3].


Mediante Decreto Ejecutivo se dispuso que el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables actualice, defina y emita la nueva política minera del Estado, así como los lineamientos para su aplicación y ejecución en un plazo de 30 días.


Se ha reformado nuevamente el Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, a través de cambios al acuerdo ministerial número 009 del Ministerio del Ambiente con detalles en cuanto a la obtención del Registro Ambiental; la garantía económica de cumplimiento del PMA; la participación ciudadana; limitaciones a los sondeos de prueba o reconocimiento; y, el funcionamiento del SUIA.


El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, expidió la Resolución No. 001 mediante la cual aprobó los Aspectos Operativos para la Aplicación de los Incentivos de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal y su Reglamento. Los inversionistas podrán acogerse a los incentivos aplicables. Ponemos a su consideración un detalle de estos incentivos en nuestro blog.


Jueves, 11 Abril 2019 18:47

Alerta Minera No. 4 del 2019

Se ha reformado por segunda ocasión en menos de 3 meses el TULSMA en lo referente a procesos de participación ciudadana para obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades. En este mismo ámbito, la Defensoría del Pueblo emite una resolución por la cual expide los criterios para la vigilancia del debido proceso en los proceso de consulta previa, libre, informada de buena fe y de la consulta ambiental. Esta nueva normativa se analiza en nuestra Alerta Minera no. 4 del 2019.


El artículo innumerado posterior al artículo 221 de la Ley de Compañías establece una forma de expropiación de los derechos de los accionistas de una compañía, motivado por el incumplimiento de estos en la presentación de información a la compañía, y posteriormente, a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Además, este mismo artículo presenta, de manera incorrecta, la opción de desvincular al accionsita por reincidir en la no presentación de la información descrita en el artículo antes mencionado.

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